La crítica planteada por la diputada Maryory Ortiz respecto a la falta de voluntad de algunos diputados para ejercer el debido control político frente a la problemática de violencia contra la mujer en el departamento de Boyacá es un reflejo de una situación alarmante y extendida en muchas instancias gubernamentales. La inacción y el desinterés en abordar temas tan cruciales como la violencia de género no solo demuestran una falta de compromiso hacia la equidad y el bienestar de las mujeres, sino que también perpetúan un ciclo de impunidad que afecta a miles de personas en el departamento.
Desde el inicio de su intervención, Ortiz expone una serie de solicitudes que evidencian una clara intención de generar espacios de discusión y análisis sobre las políticas de género. Sin embargo, la constante postergación de estos debates, así como la evasión de los colegas, plantea un escenario desolador en el que la política se distancia de la realidad que viven muchas mujeres. La falta de respuesta a estas solicitudes y la negativa a realizar audiencias que permitan un verdadero control político son acciones que, en última instancia, contribuyen a la invisibilización de una problemática crítica.
El hecho de que los diputados elijan abandonar el recinto para evitar discutir sobre la violencia de género es, sin duda, un acto de irresponsabilidad y falta de respeto hacia las víctimas. Esto no solo refleja una desconexión con las realidades que enfrentan las mujeres, sino que también pone de manifiesto una cultura política que prioriza la comodidad y la evasión sobre la responsabilidad y la acción. La imagen de diputados dejando el espacio de debate en lugar de enfrentar la discusión es un símbolo poderoso de la falta de compromiso con la lucha por los derechos de las mujeres.
La diputada Ortiz subraya que la política pública no puede limitarse a acciones simbólicas, como el uso de camisetas rosadas. La verdadera reivindicación de los derechos de las mujeres requiere un compromiso tangible, que se traduzca en políticas efectivas y en un seguimiento riguroso de su implementación. La referencia a las ordenanzas y políticas públicas que deben ser discutidas es crucial para entender que se requiere un marco normativo que garantice derechos y recursos para afrontar esta crisis de violencia.
Es fundamental que los legisladores reconozcan su responsabilidad y asuman un papel activo en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. La violencia de género no es un tema que se pueda ignorar, y la falta de acción por parte de quienes tienen la capacidad de influir en políticas públicas es, en sí misma, una forma de violencia institucional. La lucha de Maryory Ortiz y de otros defensores de los derechos de las mujeres debe ser respaldada por una acción legislativa decidida que no solo escuche, sino que actúe en consecuencia. La construcción de un entorno seguro y equitativo para las mujeres en Boyacá depende de la voluntad política de sus representantes.
About The Author
