
En la ciudad de Yopal se llevó a cabo la instalación de una mesa de articulación entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las víctimas del conflicto armado, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal. El objetivo de esta mesa es establecer proyectos restaurativos como parte de las sanciones impuestas por los graves crímenes cometidos durante el conflicto, entre ellos asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública.
La mesa está liderada por el magistrado Óscar Parra Vera, relator del Subcaso Casanare 03, quien recordó que el Acuerdo Final de Paz estipula la participación activa del Gobierno Nacional, gobernaciones y alcaldías en la implementación de sanciones no privativas de la libertad. Sin embargo, reconoció que existen inquietudes entre las víctimas y sus organizaciones respecto a estos procesos, por lo que la mesa servirá como espacio de diálogo y concertación.
El magistrado señaló que la JEP ha imputado más de 300 ejecuciones extrajudiciales en Casanare, con aproximadamente 500 víctimas participando en el proceso judicial. Aunque se ha avanzado en el esclarecimiento de la verdad y la determinación de responsabilidades, algunas víctimas han manifestado críticas sobre los reconocimientos realizados por los responsables y la implementación de los proyectos restaurativos.
Entre las iniciativas propuestas por las víctimas están el acceso a educación superior para familias afectadas, proyectos de memoria y dignificación, búsqueda de personas desaparecidas y medidas de restauración ambiental. Parra Vera aclaró que la JEP no tiene competencia para ordenar reparaciones económicas, pero está coordinando con la Unidad de Víctimas para garantizar la inclusión en el Registro Único de Víctimas y el acceso a indemnizaciones.
Finalmente, se anunció que se establecerán reuniones periódicas cada uno o dos meses para dar seguimiento al proceso y fortalecer la implementación de sanciones restaurativas en Casanare. La próxima reunión está programada para el 25 de febrero, donde se definirá el reglamento interno y el plan de trabajo de la mesa.